Declaración Sindical VI Cumbre de las Américas

Desafíos de la dimensión trabajo en las Américas. La sustentabilidad del desarrollo, y la urgencia de la Libertad sindical y la Negociación Colectiva.

DECLARACIÓN

Trabajadoras y trabajadores de las Américas, representado por su organización continental, la Confederación Sindical de Trabajadoras y Trabajadores de las Américas (CSA) y el Consejo Sindical de Asesoramiento Técnico (COSATE), nos reunimos en Cartagena, Colombia, el día 12 de abril de 2012, para debatir sobre la situación de nuestros países y hemos adoptado esta Declaración ante la VI Cumbre de las Américas. La misma se produce en el marco de los debates que el movimiento sindical de la región viene manteniendo rumbo a la realización del segundo Congreso de la CSA, que se realiza entre el 17 y el 20 de abril próximo en la ciudad de Foz de Iguazú, Brasil, y que reúne a más de 250 delegados de 59 organizaciones sindicales de 27 países del continente representando a más de 50 millones de trabajadores.

La coyuntura económica regional desde la visión de las y los trabajadores
La región ha presentado en los últimos años un contexto económico que distingue dos grupos: los países de Sudamérica creciendo a un ritmo más acelerado y los países de América del Norte, Central y Caribe creciendo más lentamente, tal vez con las excepciones de República Dominicana y Panamá. Mientras que la crisis mundial afectó con mucha más fuerza a los Estados Unidos y las economías de la región dependientes de su mercado.

La opción de algunos países por políticas de aumentos de los salarios mínimos nacionales, los varios programas de transferencia de ingresos y las inversiones en infraestructura, pueden explicar fundamentalmente los resultados económicos más positivos.

Por otra parte, los países que continúan manteniendo políticas fiscales y monetarias restrictivas al crecimiento, priorizando el ajuste fiscal y tasas de interés elevadas, impidieron con ellas que el crecimiento económico combine la reducción de las desigualdades sociales con el montaje de un Estado que asegure servicios públicos universales y de calidad.

En este contexto consideramos que el camino acertado es fortalecer el papel del estado con la perspectiva de la inclusión social y profundizar el proceso de integración regional para la superación de la crisis. Y en el caso de los Estados Unidos, pedimos definiciones y medidas más rápidas y la superación del impasse político, que ha trabado el avance más enérgico para superar la crisis social y política. Esto, además, es importante para el futuro de los países latinoamericanos y caribeños más dependientes de la economía estadounidense.

Consideramos que existe también una importante agenda de debates y definiciones fundamentales para una nueva estrategia de desarrollo en las Américas. El primer punto fundamental se refiere a la cuestión fiscal pues la carga impositiva en la mayor parte de nuestros países es insuficiente para asumir la inversión en la extensión de los servicios públicos básicos y de calidad para la población. Y cuando ella es suficiente, proviene de un sistema de impuestos centrado en el consumo y no sobre las ganancias, que provoca una carga tributaria fuertemente regresiva, y gran parte de los recursos recaudados son transferidos para el pago de intereses y servicios financieros.

Es importante remarcar que, como propulsor de la demanda, el gasto corriente del gobierno también es motor de la actividad económica. Es la garantía de la oferta de servicios como educación, salud, asistencia social, entre otros, de forma universal y de calidad. No alcanza con construir edificios – como escuelas y hospitales, por ejemplo – si al mismo tiempo no se contratan con remuneraciones y condiciones de trabajo dignas, a profesores y auxiliares, médicos y enfermeros, entre otros profesionales.

Al mismo tiempo, sólo el crecimiento económico no garantiza desarrollo social y ambiental sustentable. Este debe ser acompañado por políticas de generación de trabajo decente, protección social, distribución justa del ingreso y políticas ambientales.

La crisis y la especulación han explicitado también el problema cambiario que vive el continente. Es preciso reconfigurar la cuestión cambiaria en la región, considerando los procesos de integración regional en curso. Es necesario volver a regular las finanzas y los flujos de capital, dejando atrás los años de la liberalización que dejaron expuestos a los países. Este sistema ofrece ventajas a los aplicadores internacionales, volviendo más caros los costos de las inversiones productivas a nivel de los países de la región.

La desregulación de la economía, la liberalización financiera y comercial y, en particular, la flexibilización laboral, son la raíz de la actual crisis. Revertir esos mecanismos que nos condujeron a una situación explosiva es fundamental para viabilizar la construcción de alternativas de desarrollo económico en que el dinamismo y la sostenibilidad convivan con el crecimiento, la distribución del ingreso y la generación de trabajo decente.

Finalmente denunciamos que en material de inversión extranjera directa en América Latina, se constata la presencia en muchos sectores de innumerables empresas transnacionales en circunstancias que les dan privilegios en materia jurídica, laboral, arancelaria y impositiva. Exigimos a los gobiernos que respeten y hagan respetar nuestros derechos laborales, económicos, sociales y ambientales, las normas nacionales e internacionales ante los abusos y explotación salvaje de nuestros recursos naturales por parte de las transnacionales. En especial, es urgente disponer la solución a los impactos contra el medio ambiente, las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes que se ven forzadas al desplazamiento y al despojo de sus territorios.

La evolución de la política en las Américas

Los cambios políticos, económicos y sociales que tuvieron lugar en varios países latinoamericanos representan la oposición a las políticas neoliberales implementadas desde los años 80. Esta transformación fue fundamental para enfrentar la crisis actual. Los que, como Brasil, por ejemplo, lograron resistir al sismo financiero, adoptaron medidas de preservación de la inversión pública, empleo, consumo y producción. Sin embargo, la recesión fue profunda en la mayoría de los países que adoptaron medidas conservadoras de recortes de gastos y reducción de salarios y empleos.

Los cambios señalan el ascenso de fuerzas políticas y sociales que buscan formas de organización y representación distintas al Consenso de Washington. Estas corrientes tienen su origen en el enfrentamiento al neoliberalismo y la conformación de amplias alianzas que reunían sindicatos, organizaciones campesinas, indígenas, mujeres, organizaciones no gubernamentales y partidos.

La polarización política entre lo “nuevo” y lo “viejo” fue evidente en varios de estos países que eligieron gobiernos progresistas. En muchos de ellos, los grupos conservadores apelaron a intentos golpistas y movimientos de secesión, entre otros métodos ilegítimos. Estas campañas articuladas por las derechas contaron con la ayuda de la gran prensa escrita y televisiva, que viene ampliando su papel de principal “partido de oposición” a los gobiernos progresistas del continente.

El reto para las y los trabajadores es contribuir para que las transformaciones económicas, políticas y sociales se vuelvan estructurales y permanentes. En lo que se refiere a la democratización de las relaciones de trabajo, hay mucho que hacer. Fueron pocos los gobiernos que realmente promovieron políticas para fortalecer el papel de los sindicatos en la sociedad como actores del desarrollo y de la distribución del ingreso, además de la promoción de la democracia.

Existen contradicciones entre los gobiernos progresistas en lo que se refiere al diálogo social. De forma general, la cultura política y de las relaciones laborales en las Américas son autoritarias. No existe una tradición de concertación y las pocas experiencias actuales de promoción de diálogo social son frágiles. La plena libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva todavía son una utopía en muchos países. La actividad sindical implica arriesgar la vida en lugares como Colombia, Honduras y Guatemala. También en los Estados Unidos hay grandes retrocesos, como la ley que prohíbe la sindicalización de los y las trabajadoras del sector público en Missouri.

Hay un déficit democrático a ser superado con promoción del respeto a los derechos humanos, libertad de organización y mecanismos de consulta popular. La movilidad social, que se ha ampliado en varios países de la región, presenta también a los sindicatos el desafío organizativo de los grupos sociales que representan factores importantes en la economía y en el mundo del trabajo.

Apreciamos y respaldamos el proceso de construcción de diferentes entidades e instancias para facilitar la integración en la región y señala que es fundamental la presencia del movimiento sindical en estas dinámicas. La arquitectura que se adelanta a través de la Unión de Naciones del Sur (UNASUR) y la constitución de la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe (CELAC) dan cuenta del proceso de búsqueda de una respuesta regional articulada, muy conveniente e importante en tiempos de crisis y turbulencias globales. Expresamos preocupación por el retraimiento de otros procesos tradicionales como la Comunidad Andina de Naciones (CAN), el Sistema de Integración de Centroamérica (SICA), el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América (ALBA).

Deploramos la exclusión de Cuba de estas Cumbres y el veto explicito de los Estados Unidos a que sea invitada. La lógica de la guerra fría ha acabado hace 20 años en el mundo, es inconcebible el mantenimiento del bloqueo a Cuba y la exclusión antidemocrática del país hermano en foros internacionales como esta Cumbre y la OEA.

A 30 años de la tragedia de la Guerra de las Malvinas, pedimos a los presidentes de la VI Cumbre de las Américas que se pronuncien por la apertura del diálogo entre Argentina y el Reino Unido, para encontrar una salida diplomática al justo reclamo de soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, con base al principio de la integridad territorial.

En América Latina y Caribe luego de décadas de dictaduras y guerras fratricidas, la mayoría de ellas originadas y alimentadas por la guerra fría, se vive un período de estabilidad con procesos democráticos más establecidos, aunque en algunos países se registran procesos de criminalización de la lucha social.

No podemos dejar de señalar el grave atentado a la democracia, los derechos humanos y la estabilidad regional que constituyó el golpe de Estado en Honduras, en junio de 2009. Para el sindicalismo de las Américas se dejó claro que los intereses más retrógrados de nuestros países y sus articulaciones con sus socios trasnacionales, no dudarán en actuar contra la democracia y los pueblos cuando sus intereses se pongan en entredicho. Ese acto vergonzoso todavía no ha sido superado. Los criminales que irrumpieron contra la democracia están libres e impunes y ampliaron su poder e influencia a través del gobierno ilegítimo y cómplice al que dió paso el régimen de facto.

Aunque la mayoría de los países del continente ha ratificado los Convenios 87 y 98 de la OIT, en muchos de ellos la libertad sindical y la negociación colectiva son letra muerta, ya sea porque la legislación pertinente distorsiona estos convenios o por la violencia profunda e impune. En estas condiciones, será imposible que la región avance hacia la creación de trabajo decente para todos y todas. El ejercicio pleno y universal de estos derechos sigue siendo una deuda de la mayoría de los gobiernos de la región. Llamamos la atención de los gobiernos que se reivindican de izquierda en América Latina, pero consideran la acción sindical y a los sindicatos como corporativos y desconocen las libertades sindicales. Por otro lado, estos gobiernos buscan cooptar al movimiento sindical o tratan solo con aquellos que los apoyan sin restricciones. La independencia y autonomía del movimiento sindical, es una condición necesaria para el avance de los proyectos progresistas y de izquierda.

La libertad sindical y la negociación colectiva, nuestra prioridad ante el sistema interamericano.

Para afianzar la paz social y alcanzar niveles superiores de desarrollo humano, es imprescindible reconocer la legitimidad de las organizaciones sindicales y su participación en la determinación de las condiciones de trabajo e incidencia y en la adopción, ejecución y evaluación de las políticas públicas. Sin libertad sindical, no hay democracia ni acceso a derechos en el trabajo. Es responsabilidad de cada Estado proteger los derechos de los trabajadores a nivel nacional, regional y en el marco de instituciones internacionales.

Denunciamos que el continente americano sigue siendo el más peligroso para el ejercicio de la actividad sindical. La violencia contra el sindicalismo ha estado revestida y fortalecida por una grave impunidad que es sistemática, afectando al conjunto de trabajadores y trabajadoras y vulnerando sus derechos.

Condenamos la impunidad con la que muchos empleadores privados y públicos violentan física, económica, laboral y socialmente a los trabajadores, dirigentes y organizaciones sindicales. Denunciamos que las organizaciones sindicales también han sido duramente golpeadas por prácticas y legislaciones laborales que obstaculizan la organización sindical y la negociación colectiva, tanto en el sector privado como en el público. El despido de dirigentes y/o fundadores de sindicatos, la simulación y defraudación de la relación de trabajo, la proliferación de seudo-sindicatos dominados por los empleadores (a veces llamados “sindicatos de protección”), así como el uso de figuras jurídicas como la intermediación, subcontratación, cooperativas de trabajo y denominaciones sociales de “papel”, son argucias usadas para eludir los derechos laborales y sindicales de los trabajadores, flexibilizar las condiciones de trabajo y aumentar la precarización del trabajo.

Deploramos que algunos gobiernos de la región no atiendan las observaciones y recomendaciones que los órganos de control normativo de la OIT les han hecho para adecuar su legislación y práctica a los principios y postulados de esas normas internacionales.

Rechazamos la férrea oposición de algunos gobiernos a reconocer el derecho a la negociación colectiva en el sector público, así como la posición empresarial de que la negociación colectiva solo debe darse, en su caso, a nivel de la empresa y no por rama, en forma articulada y otras modalidades, incluida la internacional. Y condenamos también las prácticas de los acuerdos o pactos directos, por su profundo sentido antisindical, así como, las limitaciones en el legítimo ejercicio de la huelga, que transgreden los principios de la OIT.

Es necesario un verdadero compromiso de los gobiernos para la promoción del derecho a la sindicalización, a la negociación colectiva y a emprender acciones colectivas para todos los trabajadores/as del sector público, incluyendo la policía y las fuerzas armadas. Exigimos la ratificación de los Convenios 151 y 154 de la OIT en todos los países de las Américas; y la garantía del derecho de los trabajadores y trabajadoras a emprender acciones industriales transfronterizas con el objeto de promover en todo el mundo el respeto de los derechos humanos fundamentales en el trabajo.

Sobre los otros temas de la Cumbre:

Integración regional

Apoyamos la opción estratégica de nuestros países por una integración orientada por la lógica del desarrollo sustentable. En el contexto de las crisis, los países del Sur global deben profundizar la integración regional mediante la autonomización respecto de los flujos financieros y comerciales globales y su regulación. La inserción internacional de nuestras economías no puede ser guiada por la lógica y los intereses del mercado. Las empresas, entre ellas las llamadas “translatinas”, que siendo las principales favorecidas de los recursos del crédito público, han reproducido en muchos casos lo peor de las prácticas sociales, ambientales y laborales de las corporaciones del Norte.

Mantenemos la resistencia frente a los tratados de libre comercio, y proponemos la idea de comercio justo en el plano bilateral, birregional y multilateral y verdaderos procesos de integración de las economías y los pueblos a nivel subregional y regional.

Expresamos nuestra preocupación por la semi parálisis de algunos procesos de integración, mientras la dinámica de los tratados de libre comercio se ha multiplicado. Se trata de un doble impacto negativo. Por un lado, el avance del libre comercio en las Américas que llevó a la crisis de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y al estancamiento del Sistema de Integración de Centroamérica (SICA) y por otro, al retraimiento provocado, entre otros, por la crisis económica global en procesos que se mostraban más dinámicos como el Mercado Común del Sur (MERCUSUR) y la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América (ALBA).

Consideramos fundamental retomar la dinámica integradora de la región, fortaleciendo los procesos ya avanzados, dotándolos de un perfil cada vez más volcado al desafío de contribuir con una región más inclusiva social y políticamente. Se impone el mandato de hacer de la integración social, política y cultural, la principal tarea de los Estados y de los diversos órganos creados para la integración subregional.

Saludamos iniciativas integracionistas que escapan de la lógica puramente comercial y que procuran una identidad basada en los valores e identidades comunes de los pueblos de la región, como la solidaridad, la cooperación, el respeto a las diferencias, la autonomía y la soberanía. Valora como muy positivo el proceso y funcionamiento de la Unión de Naciones del Sur (UNASUR) y la reciente creación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). UNASUR posee una de las dinámicas más prometedoras, que incluyen acciones políticas en defensa de la independencia de la región y sus instituciones democráticas, y mecanismos novedosos para tratar salud, infraestructura, educación y cuestiones sociales. Queda aún pendiente cómo será profundizada la participación social de este proceso, cuestión que ha sido el foco central de la acción de la CSA, las coordinadoras sindicales subregionales y muchas afiliadas de Sudamérica e incluso de otras regiones. Esta situación es similar a la que ocurre en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

Reconocemos también la dinámica sindical impulsada en la Organización de Estados Americanos (OEA) y sus diferentes órganos, en la que recientemente hemos obtenido mayor peso de la participación sindical. El sindicalismo de las Américas considera que la OEA aún debe definir el papel que desempeñará en la nueva geografía política del mundo y la región. El éxito del Golpe de Estado en Honduras fue una muestra de que viejas tendencias hegemónicas de la política dura de sectores del gobierno estadounidense persisten en su seno y son determinantes en la OEA y sus diferentes órganos, con lo que es necesario utilizar dicho escenario cuestionando ese tipo de posicionamiento y reclamando los cambios que la nueva realidad regional plantea al órgano hemisférico. Mientras tanto, órganos como la Conferencia Interamericana de Ministros del Trabajo pueden funcionar para apalancar acciones en defensa de los intereses del sindicalismo de las Américas si se define una estrategia clara de incidencia política.

Consideramos que la movilidad del capital y la necesidad de establecer regulaciones financieras para combatir la especulación con las commodities, que hacen vulnerables a nuestras economías a manipulaciones externas, hacen imperativo el establecimiento de una nueva arquitectura financiera regional y global. La dinámica que se ha generado con la creación del Banco del Sur y la implementación del Sistema Único de Compensación Regional de Pagos (SUCRE), constituyen mecanismos alternativos regionales, para enfrentar la dependencia de los centros tradicionales de control financiero mundial y generar lógicas de protección de la región. Como parte de las medidas de regulación, el establecimiento de un impuesto a las transacciones financieras (ITF) resulta una medida necesaria y reclamada por diversos sectores y reconocida por muchos gobiernos del mundo.
Comunicación

Llamamos la atención sobre el papel e influencia que tienen los grandes grupos y corporaciones mediáticas sobre el funcionamiento de nuestras democracias. Estos grupos cada vez más representan el interés del gran capital en nuestros países. También han adquirido un protagonismo en el debate público y ocupan el espacio de muchas instituciones democráticas.

Rechazamos la formación de monopolios y oligopolios en la propiedad y control de los medios de comunicación, que influyen en la toma de decisiones sobre el funcionamiento de la democracia y actúan como un poder de facto.

Reafirmamos la necesidad de asumir la comunicación como un espacio de debate estratégico, de intercambio de ideas y de proyección de nuestras democracias. La comunicación es un derecho humano fundamental que debe ser ejercido por toda la sociedad. Es importante rescatar el papel protagónico del Estado para garantizar la libertad de expresión de todos los actores y sectores de la sociedad, asegurando las condiciones legales, tecnológicas y comunicativas para tal efecto.

Los acuerdos de integración regional deben situar a la comunicación como un tema fundamental para el reencuentro y la solidaridad entre nuestros países. La diferentes campañas continentales de los movimientos sociales han probado el rol preponderante de las redes, de los medios alternativos y populares, de radios y TVs comunitarias, de blogs y sitios de Internet, de video y cine social en la promoción de la integración de los pueblos.

Expresamos nuestra preocupación por la criminalización de la prensa alternativa y en particular de las radios comunitarias en el continente. Las radios comunitarias son también un espacio de ejercicio de la ciudadanía y del desarrollo social. El Estado debe, por tanto, garantizar la creación de medios de comunicación por parte de los movimientos populares y las organizaciones sindicales.

Declaramos que el espectro radioeléctrico es un patrimonio de la humanidad y los Estados son soberanos en su administración. En este sentido, son alentadoras las iniciativas de gobiernos de la región que establecen normativas legales para regular los medios radiales y televisivos preservando la libertad de expresión. Para evitar la concentración es fundamental dividir las frecuencias en tres partes, es decir, un tercio para los medios comerciales, un tercio para el ámbito gubernamental y otro tercio para organizaciones sociales. Los marcos legales deben incluir también mecanismos de auditoría social de los medios comerciales y de los estatales.

Señalamos que las nuevas tecnologías de información y comunicación (TICs) han creado posibilidades significativas para las organizaciones sindicales, no sólo por su bajo costo sino también por su alcance y estructura. La lucha por la democratización de la comunicación también busca asegurar el acceso y utilización universal de las tecnologías de la información y de banda ancha.

Condenamos todos los actos de violencia, hostigamientos y asesinatos contra periodistas que se han incrementado en diferentes países, tornando a América Latina la región más peligrosa para el ejercicio periodístico. La situación es particularmente preocupante en México, Honduras y Colombia.

Los gobiernos deben trabajar para confrontar la concentración de los medios, recuperar el carácter público de la comunicación y promover la diversidad de actores en la propiedad mediática. La libertad de expresión que defendemos se opone a los intereses mediáticos corporativos que sólo ven los medios de comunicación de masas como instrumento de rentabilidad e incidencia en la toma de decisiones del poder.

Exigimos el derecho a la libertad de expresión y su pleno ejercicio para mujeres y hombres, así como el ejercicio de la libertad de información y el derecho a la comunicación.

Pobreza y desigualdad

Existe una relación positiva entre crecimiento económico y reducción de la pobreza. Sin embargo, los cambios para avanzar hacia el desarrollo no son permanentes y sustentables. La crisis económica y la baja del crecimiento en 2009 aumentaron el desempleo y la pobreza.

El movimiento sindical de las Américas exige la adopción de políticas de combate a la pobreza que afecta a un tercio de la población latinoamericana y caribeña. Y luchará para que la inclusión social – que en algunos países y en alguna medida se viene alcanzando – sea permanente. Esta meta sólo será posible con la profundización del modelo de desarrollo con distribución de ingreso y protección social universal. Para ello es necesario también una política salarial y de distribución de las ganancias que reduzca la elevada brecha existente entre capital y del trabajo.

Hoy, prácticamente un tercio de la población latinoamericana es pobre o indigente. Pese a su incipiente disminución, la región continúa siendo desigual. Y en Estados Unidos, la crisis tuvo un impacto sin precedentes en la situación social de los últimos 52 años. Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, en 2010, el número de personas viviendo bajo la línea de pobreza alcanzó la cifra de 46,2 millones. Este número no ha dejado de crecer en los últimos 4 años, alcanzando la mayor tasa de pobreza desde 1993. Hoy, tres de cada veinte personas son pobres en el país. Junto a ello, la ausencia de cobertura de salud ascendió a casi 50 millones de personas y la renta media presentó un deterioro de 6,5% según el gobierno estadounidense. Esta situación, unida a la realidad del empleo, indica el impacto profundo de la crisis, pese a que la pobreza en los Estados Unidos implica niveles de bienestar superiores a los pobres en América Latina.

Aunque la inseguridad ciudadana es un problema que afecta a toda la población, la violencia contra las mujeres no se contempla como tal. La continua inseguridad que viven las mujeres se manifiesta en su forma más extrema en los feminicidios. En Guatemala, por ejemplo, más de 5 mil mujeres han sido asesinadas en la última década.

Resaltamos que, en América Latina y el Caribe, 7 de cada 10 personas se encuentran sin ninguna cobertura de protección por los daños sufridos en el trabajo, accidentes y enfermedades. El movimiento sindical de las Américas sigue reivindicando un sistema integral de riesgos laborales y enfermedades profesionales que tenga como eje la prevención, que proteja a los y las trabajadoras y que no sea un mero resguardo de las empresas. Así también, denunciamos la violación del derecho a la estabilidad laboral reforzada y el despido de trabajadoras y trabajadores en estado de indefensión por VIH, cáncer, u otra enfermedades.

Aún hay mucho desempleo en nuestros países y seguimos con serios problemas en relación a la calidad del empleo y de los salarios. A la vez, en los países más afectados por la crisis económica la situación sigue dramática, afectando particularmente a las mujeres, jóvenes, negros e indígenas.

Desde 2008, la situación laboral y social se degradó considerablemente en Estados Unidos y en los países más dependientes ligados al mismo. En varios países de Sudamérica, por el contrario, se mantuvo el ciclo de mejora en las condiciones de trabajo y de vida con base en una fuerte política de inversión pública redistributiva.

En Canadá, el desempleo ha aumentado casi 30%, particularmente entre las mujeres (31%), los desocupados de larga duración (50%) y los y las jóvenes (14%). También se registra una menor calidad del empleo. El trabajo a tiempo completo se redujo (2%) y el trabajo parcial o temporario crecieron (5 y 13%). Además, se redujo la cobertura por negociación colectiva (2%) y aumentó el trabajo múltiple (2%). En México, Centroamérica y el Caribe, el desempleo ha crecido entre 20 y 50% en los últimos tres años (México, Guatemala, Honduras).

El fenómeno del “emprendedorismo” ha capturado a la mayoría de los países como una formula alternativa de promoción del empleo para jóvenes y mujeres, es un factor económico importante pero no reemplaza a las políticas públicas integrales de creación y promoción.

La aplicación del modelo neoliberal en nuestra región agudizó el flagelo del trabajo infantil. El desempleo masivo y la pobreza han llevado a los niños al mercado de trabajo y jugar un rol de adultos en sus responsabilidades familiares. La creación de trabajo decente y el desarrollo integral de nuestros países, así como políticas sectoriales activas desde el estado son el único camino para resolver este problema en el Continente.

En nuestra región hay pocos datos sobre el desempleo juvenil pero se puede estimar que sea algo entre 20% y 40%, dependiendo de la subregión. La pobreza aumento en 6 millones durante los dos últimos años, alcanzando a 46 millones. Más de 50 millones de personas viven sin cobertura de salud.

El rasgo principal de este período ha sido la reducción de la pobreza absoluta y relativa en ciertos países, dando lugar al proceso de movilidad social. Lo mismo sucede con la desigualdad de ingresos (coeficiente de Gini). Desde 2002, la mayor parte de los países revirtió la tendencia negativa de la década anterior (Brasil, Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Venezuela, Ecuador, Uruguay, Costa Rica, Nicaragua). Sin embargo, como señalado anteriormente, América Latina sigue siendo la región más desigual del mundo.

La mercantilización y privatización de la educación promovida por el neoliberalismo e iniciada en nuestra región en el Chile de Pinochet, continua siendo una amenaza para nuestros pueblos pese a la resistencia social, de educadores, estudiantes, comunidad educativa. Denunciamos la imposición de la política privatizadora, la sobreexplotación de los educadores, la desprofesionalización de la labor docente, los recortes presupuestales a la educación, el hacinamiento de alumnos, el recorte de la nomina del personal docente y administrativo, entre tantos otros males que comprometen el futuro de nuestros países y exigimos la adopción de políticas educativas que garanticen una educación pública, gratuita, de calidad y sin intermediarios.

Como conclusión, defendemos la multiplicación de las experiencias implementadas en varios países de la región para enfrentar la más reciente crisis mundial, demostraron la validez de fuertes políticas de Estado que aseguraron el empleo, las políticas sociales garantistas de derechos para la población y la utilización de instrumentos de políticas fiscal, monetaria y presupuestaria para enfrentar la crisis.

Les exigimos que sean proactivos para enfrentar los efectos de la crisis mundial. Deben además aprovechar esta coyuntura para superar la herencia neoliberal, transitando por la senda del desarrollo con inclusión social, eliminando su basamento exclusivo en el sector primario de la economía.

Seguridad ciudadana

La profundización de la pobreza y las desigualdades ha sido el caldo de cultivo para el surgimiento de fenómenos de violencia en nuestras sociedades. La proliferación del crimen organizado, vinculado al narcotráfico en toda la región, es un reflejo de exclusión social que lleva a la pérdida de horizontes y proyectos colectivos, en particular de nuestros jóvenes. Combatir esta situación aplicando más violencia desde el Estado, no resuelve el problema estructural que subyace como causa. Desde el movimiento sindical exigimos a los Estados la atención a estas realidades, a través de políticas públicas inclusivas y de respeto a los derechos humanos.

Los conflictos tienen muchas veces sus raíces en privaciones de origen económico y social. Destinar recursos adicionales, incluso en el marco de la asistencia al desarrollo, para generar oportunidades de trabajo decente, particularmente para la gente joven, constituye un elemento esencial para abordar las causas de inestabilidad y conflictos sociales.

Llamamos la atención sobre los Derechos Humanos laborales, en especial los derechos sindicales, que continúan siendo objeto de múltiples violaciones en nuestra región. En la mayoría de los países de las Américas se evidencia una creciente represión y criminalización de la protesta social, la violencia generalizada, las políticas antisindicales, la violación de los Derechos Humanos.

Condenamos la práctica del terrorismo en cualquiera de sus expresiones, pero cuestiona que diferentes Estados hayan aprobado legislaciones denominadas antiterroristas que vulneran el derecho a la libre organización, a manifestarse públicamente y no aceptan que las/os ciudadanas/os usen su voz para reivindicar sus derechos, lo que se ha traducido en una política de criminalización de la lucha social.

En nuestra región se concentra el más alto índice de crímenes violentos contra sindicalistas en el mundo y su impunidad es casi total. Esta situación es especialmente crónica en países como Colombia, Guatemala y Honduras. Entre abril de 2008 y diciembre de 2011 han sido asesinados 122 sindicalistas, entre dirigentes y defensores de los derechos sindicales. De ese total, ninguno de los casos ha sido individualizado, juzgado ni los autores de los hechos han sido sentenciados. En Venezuela es preocupante la situación de violencia asociada a las disputas entre varios sectores de actividad económica que han conducido a un elevado número de asesinatos de trabajadores/as, incluyendo el de dirigentes sindicales, los cuales en general se mantienen impunes.

Consideramos que la situación de Honduras sigue siendo sumamente grave. Desde el momento del golpe de Estado, el 28 de junio de 2009, persisten situaciones de violencia, persecución y hostigamiento, que han cobrado la vida de dirigentes sindicales, campesinos/as, periodistas y de otros activistas sociales y políticos. Estos crímenes no han sido procesados por la justicia y continúa la situación de impunidad generada por la ruptura constitucional. El cuadro se ha agravado durante el gobierno de Porfirio Lobo, heredero del régimen golpista, surgido de elecciones con más del 70% de abstención, organizada por un gobierno de facto, en un ambiente de represión y persecución hacia todos los sectores que condenaron el golpe militar, prolongando la inestabilidad en el país y en la región.

Alertamos sobre la grave situación de Guatemala, una expresión dramática de prácticas violatorias a los Derechos Humanos, entre ellos los laborales. Flagrantes violaciones a la libertad sindical y a la negociación colectiva, así como un alto grado de impunidad a todo tipo de crímenes, caracterizan a este país. Esto exige acciones unificadas a nivel regional e internacional, empezando a nivel nacional con el cumplimiento por parte del gobierno de sus obligaciones de respetar y garantizar los derechos fundamentales de sus ciudadanos. Es necesario también apoyar y promover las misiones de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en todos los ámbitos pertinentes, incluida la ONU, la Unión Europea y sus estados miembros.

Exigimos en forma permanente que los gobiernos actúen de forma ejemplar en el caso de los asesinatos a líderes sindicales y sociales en nuestra región. Exigimos una vez más que las autoridades de Colombia, Guatemala y Honduras identifiquen y juzguen a los responsables de estos hechos, que garanticen la integridad y la vida de los sindicalistas y activistas sociales, así como la libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva;

La carrera armamentista representa exactamente lo contrario de una cultura por la paz y la no violencia, ya que el crecimiento de la industria militar significa el aumento del negocio que es la guerra. Si las instituciones internacionales están preocupadas en cultivar la paz, hay que condenar de manera vehemente esa política armamentista. El sindicalismo de las Américas defiende que este Continente debe ser un espacio de paz, tolerancia y respeto de las diferencias. Los recursos que son asignados para las armas podrían ser destinados a programas de desarrollo social.

Abogamos por una reducción significativa del gasto militar y su transferencia para cubrir necesidades sociales urgentes, financiar la cooperación internacional al desarrollo y la conversión de la fabricación de armas a la producción con objetivos pacíficos. Y exigimos urgentes medidas para limitar el comercio de armas, frenar el tráfico ilegal de armas en la región, en particular a través de controles estrictos en las fronteras de los países productores/exportadores, impulsar programas de desarme de la población, así como mayor restricción a su comercialización, tenencia y porte;

Rechazamos la existencia de bases militares extranjeras en cualquier país de la región, porque ellas representan un obstáculo a la paz regional y estimulan la desconfianza entre nuestros países, promoviendo el armamentismo e hiriendo el principio de la autodeterminación de los pueblos, así como el de las soberanías nacionales sobre el territorio. Es necesario establecer un programa de desmilitarización extranjera y la suspensión de nuevas bases militares en la región.

Se debe establecer un programa de desmilitarización extranjera, que declare la suspensión de nuevas instalaciones militares así como el establecimiento de un cronograma de retiro de bases, misiones y tropas extranjeras de los países de las Américas;

Condenamos la situación de violación sistemática de los derechos de los pueblos indígenas y afro descendientes, vulnerados a lo largo de la historia por los propios Estados y diversos grupos de interés. Se debe promover el respeto y consulta a las poblaciones indígenas, campesinas y originarias y la plena aplicación del convenio 169 de la OIT, sobre pueblos indígenas y tribales en territorios independientes.

Por todo lo que hemos dicho:

Exigimos el fin de la violencia anti sindical y el respeto urgente de la libertad sindical y la negociación colectiva y la derogación de todas las leyes y normas que violan estos derechos fundamentales en nuestro continente. Sin un poder publico activo en la protección de estos derechos básicos nuestros pueblos son despojados de la capacidad de sus trabajadores y trabajadoras para organizarse y avanzar hacia la inclusión y la justicia social del conjunto de nuestras naciones en las Américas.

Reclamamos la recuperación el papel del estado como agente promotor del desarrollo sustentable y la inclusión social pues el mercado por si sólo, el libertinaje comercial, la flexibilización laboral, y las desregulaciones economicidas promovidas por el neoliberalismo han demostrado estar equivocadas y solo promover concentración, exclusión y pobreza en la región.

Contra el sálvese quien pueda, demandamos a nuestros gobiernos, una urgente acción concertada en la región para enfrentar la crisis, que profundice la cooperación entre los países, la integración regional como opción de desarrollo autónomo y alternativo. El fin de la exclusión unilateral a Cuba y del militarismo en las Américas son elementos centrales para la profundización de la democracia en el continente y exigimos medidas concretas para su pronto fin.

El sindicalismo americano está comprometido a profundizar la movilización social y el diálogo, pero fundamentalmente la acción, para avanzar hacia un continente libre justo y sustentable.

Cartagena, Colombia - 12 de abril de 2012