La represión y los asesinatos a dirigentes políticos, sindicales y activistas de derechos humanos no han frenado las movilizaciones en Honduras contra el Gobierno golpista de Porfirio Lobo. Ahora la oposición política y social, agrupada en el Frente Nacional de Resistencia Popular, se prepara para las elecciones de 2013.
“Se le va a disputar el poder a la oligarquía en las urnas”, concluyó Juan Barahona, subcoordinador del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), un conglomerado que aglutina a casi 200 organizaciones sociales hondureñas (sindicatos, partidos políticos, gremios, indígenas, campesinos, ambientalistas, defensores de Derechos Humanos, estudiantes, etc.).
Cuando se acaban de cumplir dos años del golpe de Estado, la resistencia ha decidido crear un instrumento político que dispute el poder a los golpistas en las próximas elecciones de 2013.
Tras varios meses de debates, y animados por el reciente regreso al país del presidente depuesto, Manuel Zelaya, las discusiones de las bases y los comités municipales, departamentales y barriales desembocaron en la propuesta aprobada en asamblea estatal de crear un Frente Amplio que aglutine a todas las personas y organizaciones que han luchado contra el golpe en estos dos años.
El retorno de Zelaya
El retorno de Zelaya y de casi 200 exiliados políticos fue la condición puesta el pasado mes de mayo por la Organización de Estados Americanos (OEA) al Gobierno hondureño para la reincorporación de este país a la OEA. Según Bertha Oliva, coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (Cofadeh), “no es ético promover ahora el regreso de Honduras a la OEA. Lo mínimo que debería esperarse es el informe final de la Comisión de Verificación propuesto en el plan de la OEA para Honduras”.
Esta verificación hace referencia a la situación actual de los derechos humanos en el país latinoamericano, que ha empeorado claramente desde el golpe de Estado de 2009. Desde junio de ese año, fuerzas de seguridad del Estado y paramilitares han cometido 220 asesinatos políticos, sumados a los casos frecuentes de torturas, violaciones, amenazas, secuestros, detenciones arbitrarias, desapariciones y atentados contra los medios de comunicación opositores. Ejemplos todos de la represión selectiva desatada contra miembros de la resistencia aprovechando el clima de impunidad creado tras el golpe.
Incluso la Comisión de la Verdad (CdV), que está investigando las violaciones de Derechos Humanos, ha sufrido cuatro ataques. A pesar de esto, los diputados del Congreso constituido tras el golpe militar están tramitando una ley de amnistía para eximir a los responsables de estas violaciones de derechos humanos. “Resulta impúdico que sean ellos mismos, los que cometieron el delito, los que se estén perdonando”, ha denunciado el exfiscal y diputado Edmundo Orellana.
Apoyo de Estados Unidos
Según Telesur, el embajador estadounidense en Tegucigalpa, Hugo Llorens, calificó de “positivo” que el Congreso hondureño haya abierto el análisis de una eventual amnistía política y elogió “el liderazgo” de Porfirio Lobo, el actual presidente. “Todo lo que ha hecho el presidente electo, Lobo, en ese sentido tiene el apoyo de EE UU”, declaró Llorens a la radio HRN.
Para el premio Nobel argentino Pérez Esquivel, miembro de la Comisión de la Verdad, “la reconciliación no se puede basar en el olvido, la reconciliación es a base del derecho, de la verdad, de justicia, de la reparación del daño hecho”.
Los registros de las organizaciones de defensa de los Derechos Humanos son frecuentes. Según el informe 2011 de Amnistía Internacional, en estos dos años “persistió la impunidad por violaciones a los Derechos Humanos cometidas por militares y policías, y ha habido pocos avances en la reparación de los daños y en la protección del Estado de Derecho”. Especialmente castigada ha sido la región norteña de El Aguán, donde el Gobierno de Lobo movilizó a 5.000 militares con el pretexto de atacar al narcotráfico para, en realidad, reprimir a campesinos que exigían su derecho a la tierra.
Al menos 40 de ellos fueron asesinados sin que se hayan puesto los medios para esclarecer los hechos. Amnistía Internacional menciona también el caso de “jueces destituidos de modo arbitrario por manifestarse de manera pacífica contra el golpe”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció asimismo el asesinato de 34 transexuales el año pasado y Human Rights Watch documentó 18 casos de periodistas, defensores de Derechos Humanos y activistas políticos, ejecutados desde que el presidente Lobo asumió el poder en enero de 2010. Pero, a pesar de esta fuerte represión, que ha hecho que muchos cejaran en su empeño por miedo, no han podido acallar a otros muchos.
La ucha de los maestros
La lucha de los maestros ha sido un ejemplo de resistencia. Hace ya meses salieron a la calle de forma masiva para exigir al Gobierno de Lobo la anulación de una ley que en la práctica supone la privatización de la educación y denunciaron públicamente la sustracción, durante los primeros siete meses tras el golpe de Micheletti, de varios millones pertenecientes al Inprema, un organismo que gestiona las pensiones de los maestros.
Después de meses de movilizaciones, más de 300 educadores fueron suspendidos de empleo y sueldo por haber participado en las protestas, lo que desembocó en una huelga de hambre de 40 días que finalizó recientemente. A este respecto, se ha conocido que el Gobierno llegó a impartir charlas a soldados con alguna instrucción académica con el fin de llevarlos a las escuelas como maestros sustitutos.
Otra buena noticia para los defensores de los Derechos Humanos ha sido la admisión en EE UU una denuncia contra Micheletti por el asesinato, en los enfrentamientos en el aeropuerto durante los primeros días del golpe, de Isis Obed Murillo.
Juzgar a Micheletti
La familia de Murillo interpuso la querella según la ley que permite a personas sin la ciudadanía estadounidense pedir indemnización por tortura u homicidios en el extranjero si el acusado vive o tiene activos en Estados Unidos. Cuando Micheletti compró una propiedad en Texas, en 2010, no imaginó que eso sería el asidero legal para poder juzgarle.
El nuevo Frente Nacional de Resistencia Popular
La demanda del retorno a Honduras de Manuel Zelaya, presidente elegido democráticamente, y la convocatoria de una Asamblea Constituyente fueron el cemento capaz de cohesionar a un sinfín de organizaciones sociales de la resistencia, pero queda aún por ver si este nuevo Frente Amplio será capaz de tener un funcionamiento horizontal, que rechace los dirigentes a favor de los portavoces y que elabore un discurso político participativo, con cierta unidad, que pueda transformar de verdad el país. Para la participación en las próximas elecciones, el nuevo Frente Amplio necesitará 45.000 firmas, algo que parece que no va a ser difícil si se tienen en cuenta las más de 1.400.000 firmas que la resistencia ya recogió para reclamar la convocatoria de una Asamblea Constituyente. Zelaya explicó, a los pocos días de su regreso a Honduras, que este nuevo proyecto implica “la unidad de todas las fuerzas del Frente de Resistencia, no importa que tengamos diferentes opiniones” y subrayó que este nuevo Frente “es la respuesta para el proceso refundacional del país. Es necesario, vamos a construirlo a través de la Asamblea Nacional Constituyente”, añadió ante los delegados de las 18 regiones del país. Exactamente la misma aspiración que detonó el golpe de Estado de hace dos años.
Fuente: www.diagonalperiodico.net / Fernando Molina Cortés