A pesar de la última gran cosecha, que recién concluyó, y junto a la fuerte rentabilidad del sector agrícola, se mantienen las altísimas tasas de empleo informal del año pasado, que afectan a tres de cada cuatro operarios.
Cultivar el suelo es servir a la Patria”, reza el slogan de la Sociedad Rural, fácilmente visible para quienes asistieron a su última exposición de Palermo. Lo que no dice esa máxima es que el suelo que se cultiva en el extenso territorio nacional está mayormente trabajado de manera ilegal, y que más que servir a la Patria sirve a empleadores que se benefician por la evasión de las cargas sociales que tal maniobra acarrea. Así se desprende de un reciente estudio del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), que establece que tan sólo uno de cada cuatro empleados de la actividad rural se encuentra debidamente registrado.
“Según el Censo 2010, la población total de la Argentina se estima en 40,1 millones de habitantes, de los cuales 3,4 millones de personas habitan zonas rurales. Estimando una tasa de participación laboral en el orden del 40%, los trabajadores rurales serían aproximadamente 1,3 millones de personas. La cantidad de trabajadores asalariados registrados en el sector rural asciende a 335 mil personas, o sea, aproximadamente 25% del total de trabajadores rurales”, indica el estudio.
Tal porcentaje se encuentra en sintonía con las estimaciones oficiales, particularmente con los resultados de los operativos de fiscalización dispuestos desde el Ministerio de Trabajo de la Nación y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
El dato cobra relevancia a la luz del proyecto que aprobó el Senado de la Nación la semana pasada, y que establece un régimen de previsión especial para los empleados del sector, basado en el hecho de que el contexto rural está caracterizado por condiciones de trabajo que determinarían un “envejecimiento prematuro”, que hace necesario relajar los requisitos de acceso a la jubilación. Entre otros beneficios, el proyecto determina que los empleados rurales puedan acceder a la jubilación ordinaria cuando alcancen la edad de 57 años, en tanto acrediten 25 años de servicios con aportes computables a uno o más regímenes del sistema de reciprocidad previsional.
Al respecto, el informe de Idesa concluye que tal beneficio tendrá escaso alcance ante los bajos niveles de registración que imperan en el sector rural. “Se trata de una iniciativa de dudosa eficacia social, dada la masiva informalidad que prevalece en ese segmento del mercado laboral”, indica.
Según datos de AFIP, los 335 mil trabajadores registrados reciben una remuneración promedio de $ 2500 mensuales, “un nivel que casi duplica la que percibe un trabajador no registrado urbano, y seguramente también es mucho más alta que los ingresos que reciben la mayoría de los trabajadores informales rurales”, dijo Idesa.