La Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), junto al Observatorio de Derechos Humanos (ODH), presentó una acción de amparo ante la justicia porteña para que se prohíba la instalación de cámaras de video en los establecimientos educativos públicos.
La presentación judicial, que quedó radicada en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 3 que subroga la jueza. Dra. Elena Liberatori, considera que se viola el derecho a la intimidad de los/as niños/as, así como el derecho a la reserva de la propia imagen y solicita la suspensión del acto administrativo por el cual el Jefe de Gobierno avaló el registro de imágenes dentro de las escuelas (Resolución Nro. 103 del Ministerio de Seguridad de la Ciudad autónoma de Buenos Aires y el Decreto Nº 216/11)
Según Eduardo López, Secretario General de UTE-Ctera, “el gobierno de Macri con sus medidas nos vuelve a poner en la obligación de tener que recurrir a la justicia, junto a los padres de nuestros/as alumnos/as, para defender el derecho a la intimidad de los/as niños/as, niñas y adolescentes de la Ciudad.” En el mismo sentido agregó: “No vamos a permitir una vida escolar vigilada y mucho menos por un gobierno que montó un sistema de escuchas ilegales en el Ministerio de Educación y que no dudó en exigir `listas negras´ de alumnos/as y docentes como respuesta a la protesta educativa”
“La licitación prevista para la instalación de cámaras” por parte del Gobierno de la Ciudad, incluye un total de 330 establecimientos, de los cuales 90 corresponden a escuelas. El monto previsto por el Jefe de Gobierno Mauricio Macri para dicho servicio es de 532 millones de pesos.
Prensa UTE