Después de varios intentos, Mauricio Macri consiguió lo que se había propuesto hace rato: cesanteó al Dr. Rubén Slipak, quien fuera digno director del Centro de Salud Mental N° 3 “Arturo Ameghino”, con todo el apoyo de su comunidad terapéutica. Claro, primero lo removió de su cargo abriéndole un sumario y en su lugar puso a una interventora. Pero no esperó siquiera a que se cerrase el sumario y lo echó sin más trámite. Ayer, una asamblea de las trabajadoras y trabajadores de la institución, acompañada por numerosas representaciones políticas, legislativas, sindicales y culturales que se hicieron presentes, decidió librar batalla.
Después de varios intentos, Mauricio Macri consiguió lo que se había propuesto hace rato: cesanteó al Dr. Rubén Slipak, quien fuera digno director del Centro de Salud Mental N° 3 “Arturo Ameghino”, con todo el apoyo de su comunidad terapéutica. Claro, primero lo removió de su cargo abriéndole un sumario y en su lugar puso a una interventora. Pero no esperó siquiera a que se cerrase el sumario y lo echó sin más trámite. Ayer, una asamblea de las trabajadoras y trabajadores de la institución, acompañada por numerosas representaciones políticas, legislativas, sindicales y culturales que se hicieron presentes, decidió librar batalla.
Es la misma decisión que otros trabajadores de la Ciudad tomaron a su debido tiempo. Así ocurrió con los del Teatro Colón que no toleraron que ocho de sus delegados gremiales fueran cesanteados por Macri. Y así acaba de ocurrir con los docentes quienes, no obstante la ofensiva desatada por el gobierno del PRO para liquidar el estatuto que rige sus actividades, impidieron la maniobra y lograron que no pasara en la Legislatura.
Despojado de todo afán de maquillar o edulcolorar su particular visión del derecho de ciudadanía, Mauricio Macri ya había evidenciado su concepción revanchista en el Parque Indoamericano. Bastaría con ese hecho brutal para enunciar lo que aquí ha de leerse. Pero esta sucesión de medidas autoritarias –más las que puedan venir luego por simple inferencia- ameritan una reflexión más compleja porque involucran y obligan a redefinir a lo que bien puede llamarse una estrategia popular para la democracia.
La salud, la educación, la vivienda, el trabajo, la seguridad social, el equilibrio ambiental, la cultura, son nociones que en una sociedad que se pretende democrática remiten a derechos ciudadanos. Sin embargo, una formidable operación ideológica –que no es de ahora sino que ancla con fuerza en los tiempos de la ofensiva neoliberal y aun de la democracia liberal- ha parcelado estos derechos al punto de instalarlos en el sentido común como entidades en sí mismas. Así, hay un derecho a la salud, como hay un derecho a la educación, a la vivienda, etcétera. El ciudadano, por definición, es acreedor a cada uno de estos derechos, pero le resulta materialmente imposible concebirlos como un conjunto inescindible de su propia condición ciudadana ya que, de modo sistemático y recurrente, se ve obligado a litigar por cada uno de ellos por separado y según un riguroso y estricto orden de prioridades proveniente de sus necesidades más acuciantes. Evita, mejor que nadie, comprendió esta relación dramática surgida de la expoliación y estableció que “donde hay una necesidad hay un derecho”, poniendo patas arriba la matriz de la democracia liberal. El necesitado, entonces, como sujeto de derecho y no como mendicante de una piadosa limosna.
Pero la necesidad que define al necesitado como tal es, antes que nada, la expresión descarnada de la negación de derecho. La sola existencia de la necesidad, su entidad oscura y disgregadora, es la materialización de un derecho previamente conculcado que, luego, ha de ser motivo de consideración por el poder hegemónico si el necesitado consigue la fuerza imprescindible para que esto ocurra. Esa consideración, esa puesta en agenda, adquiere un protocolo jurídico, un tratamiento legal que proyectado en su forma estatal repone la existencia del derecho primordialmente negado pero, esta vez, como cosa: hay un ministerio para la salud. La cosificación del derecho de ciudadanía es su parcelamiento en derechos que, para el ciudadano, aparecen como nociones en sí mismas y, “naturalmente”, desconectadas unas de las otras.
Ayer, por ejemplo, mientras se celebraba la asamblea en el Ameghino, se conmemoraba, por primera vez en Argentina, el 12 de octubre como Día de la Diversidad Cultural. Atrás quedaba, como símbolo brutal de la colonización española, el festejo por el Día de la Raza. Son los vientos de cambio que, durante la última década, recorren sin cesar la vastedad de América Latina y el Caribe y, a su paso, mucho de lo que había sido invisibilizado o soterrado por siglos de oprobio y explotación adquiere ahora relieves propios e inusitados. A la misma hora, en Purmamarca, Jujuy, 92 comunidades kollas cortaban la ruta –bajo la amenazante presencia de la policía provincial y la gendarmería- para exigir los títulos comunitarios de sus tierras ancestrales. ¿Cuál es la noción del derecho de ciudadanía que hace que los trabajadores de la salud mental, los docentes, los del Teatro Colón y los kollas de la Quebrada y la Puna se vean compelidos a representarse a sí mismos, sin ninguna posibilidad de vincularse prácticamente con el otro que es también un necesitado? Es la noción enajenante que hace que el ciudadano se reconozca como tal cuando algo le falta pero que, por lo mismo, le impide reconocer a otro cuando a éste le falta una “cosa” distinta de la de él.
La separación del ciudadano respecto del derecho de ciudadanía es, además, una operación ideológica que, a los fines de la reposición del derecho negado, induce a una respuesta corporativa porque un sector social agredido carece del espacio y del tiempo para pensar su reivindicación como parte de un todo. No es que por ello carezca también de la legitimidad para acometer su lucha sectorial, pero ésta está condenada a agotarse en su parcialidad si no atina a redifinirse en una dimensión integradora de la lucha por la profundización de la democracia.
Una estrategia popular para la democracia, desde este punto de vista, requiere de una conceptualización no liberal del derecho de ciudadanía. La batalla del Ameghino puede y debe ser un laboratorio práctico de nuevas ideas –así como lo fue la del Instituto Malbrán en tiempos del menemismo- porque la reinstalación del Dr. Rubén Slipak en sus funciones no puede ser apenas obra de la esforzada lucha de sus compañeros. Para derrotar a Macri es preciso concebir al derecho de ciudadanía como el derecho de vivir bien y esto, de por sí, tiene que dejar de ser una noción divisible en sí misma.-
Carlog Girotti es sociólogo del Conicet y dirigente de la CTA .
12 de octubre de 2011.
ARTÍCULO PARA DIARIO BAE