Ante el conflicto por el proyecto de ley que disolvería las Juntas de Clasificación Docente, y frente a los hechos de violencia que ocurrieron este mediodía, la Unión de Trabajadores de la Educación emitió un comunicado de prensa. Repudio a los hechos de violencia y marcha a las 15 horas.

El texto expresa: "la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE-CTERA CAPITAL), repudia la presencia de patotas enviadas a la Legislatura porteña para agredir a los/as docentes y manifestantes que se expresan en el marco de la democracia. También expresamos nuestra solidaridad con los periodistas y camarógrafos agredidos mientras realizaban su trabajo. Los/as docentes ratificamos nuestra voluntad de ejercer pacíficamente nuestro derecho a manifestarnos y denunciamos las provocaciones del macrismo. En este sentido exigimos al Gobierno de la Ciudad y a las autoridades competentes el esclarecimiento de los hechos y la identificación de quienes agredieron a docentes y de los/as responsables políticos/as.

Al mismo tiempo, reafirmamos la convocatoria a movilizarnos a partir de las 15:30hs. desde Av. de Mayo y 9 de Julio a la Legislatura para rechazar el proyecto de eliminación de las Juntas Docentes y continuar defendiendo la Educación Pública en la Ciudad de Buenos Aires. Convocamos a toda la Comunidad Educativa a demostrar masiva y pacíficamente nuestro compromiso con la Educación frente a los ataques del Gobierno de Macri", finaliza el texto.

Los docentes que se están manifestando en la puerta de la Legislatura porteña piden que no se apruebe el proyecto y que, en cambio, sea discutido en las escuelas y junto a la comunidad educativa. Además, con esta medida, que incluye un paro de actividades de 48 horas, demandan también que el Gobierno dé marcha atrás con los descuentos salariales que hizo por los días que no se dictaron clases.

Cabe consignar que la de hoy es la sexta huelga que los docentes llevan a cabo desde que trascendió la iniciativa de disolver las Juntas de Clasificación y reemplazarlas por un organismo dependiente del Ministerio de Educación, dejando la designación y el nombramiento de maestros y directivos de instituciones educativas públicas a cargo del poder ejecutivo porteño.

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