Hugo Yasky, titular de la Central de Trabajadores de la Argentina, planteó los lineamientos generales en los que se basarán los planteos salariales de la Central.
-En los últimos días circularon por distintos medios las bases de discusión en cuanto a aumentos salariales, ¿usted qué cifra cree que podría establecerse?
Creo que vamos tener distintas realidades: una cosa es la discusión con el sector público, donde vamos a discutir con el Gobierno nacional y los provinciales; y otra cosa es el sector privado, que es más complejo, porque hay algunos gremios que han ido obteniendo buenos resultados en las paritarias de estos últimos años, recuperando posiciones con buenos salarios. Después tenemos otros gremios en los que la recuperación ha sido un poco más lenta. De manera tal que es difícil hablar desde la CTA de una única cifra para el conjunto, tanto sea para establecer un techo como para poder definir un aumento sobre una cifra general. Creo que lo lógico sería hablar de una franja de recuperación, que tendría que estar entre el 23 y el 25%. Después se podrán discutir secuencias.
-¿Por ejemplo?
Por ejemplo, los compañeros del gremio del neumático están trabajando la idea de un acuerdo bianual. Otros compañeros están discutiendo la idea de suscribir acuerdos secuenciados de tres o seis meses. Pero creo que para poner la discusión en un punto objetivo, tendría que estar alrededor de la franja del 23 y el 25%. Entiendo que un planteo del 18% sería tirar muy abajo la discusión salarial, como la del 15% que planteó Méndez (ex titular de la Unión Industrial Argentina) días atrás, y están alejadas de lo que ha sido la evolución real de los precios. Confío que cuando estemos llegando al momento de la discusión, como sucede todos los años, ya se acorten las distancias, porque años anteriores ha pasado lo mismo: se empieza tirando cifras que están muy lejos de la realidad y después el funcionamiento de las paritarias nos pone en la vida real. Y creo que en la vida real, sería justo discutir una recomposición en el orden del 24%.
-Eso es en el caso de los trabajadores en blanco. Pero, ¿cómo sería el caso de los trabajadores en negro?
Esa es la gran deuda que todavía tiene el proceso que iniciado en 2003. En la Argentina tenemos casi un 35% de trabajadores en negro. La mayoría de ellos en condiciones de precarización laboral severa, con ingresos salariales que a veces no llegan ni al Mínimo Vital y Móvil. Muchos trabajadores en negro incluso en el sector público en muchas provincias, lo que es más grave todavía, porque son los propios gobiernos provinciales los que contratan así. Tenemos también tercerizados, que legalmente estarían en otra situación, pero en la práctica están igual que los que están en negro: carentes de derecho y de estabilidad. Y tenemos la situación de los trabajadores rurales, que es quizá la más grave de todas, porque en ese sector se trabaja de sol a sol, no se tienen derechos y además el salario no llega ni siquiera al Mínimo, Vital y Móvil. Creo que para este sector sería necesario imaginar la constitución de una paritaria social. Quizá el marco podría ser en el Consejo del Salario o quizá haya que pensar en modificar la ley del Consejo del Salario. Muchas veces que lo hemos planteado, nos contestaron que la discusión de este tema no está contemplada en la Ley del Consejo del Salario, pero es imprescindible que podamos discutir esta situación. Porque, por ejemplo, muchos trabajadores que están en las cooperativas de trabajo -muchos de ellos pertenecen a la CTA- también tienen que tener un ámbito en el que puedan discutir. Hay muchos temas, desde la carencia de obra social hasta cómo se establecen sus ingresos, que se deben discutir en alguna parte y que no pueden quedar a expensas de una decisión unilateral del sector gubernamental.
-También está pendiente la discusión en torno al piso del Mínimo no Imponible...
Ese es otro tema que nos interesa. Es imprescindible debatir la necesidad de elevar el piso del mínimo no imponible. No estamos hablando de los que ganan 40.000 o 60.000 pesos, que los hay en la Argentina, sino que se trata de trabajadores cuyos ingresos oscilan entre los 5.000 y los 7.000 pesos. Son salarios de sectores que tienen ingresos bajos, pero que se ven obligados a tributar. Es necesario resolver la situación de esa franja que quedó aprisionada entre el piso del mínimo no imponible y los que tienen la posibilidad de recibir el salario por hijo. Es una franja salarial muy amplia, casi una de las bases de las pirámides salariales del país. Ahí tenemos, por ejemplo, maestras con dos cargos que no cobran salario por hijo y son trabajadoras registradas. Es un limbo legal, en el vacío, producto de los desajustes que se produjeron cada vez que se fue elevando el piso, que necesita urgente solución.
-En este sentido, ¿qué acciones llevará adelante la CTA?
Bueno, en función de todas estas definiciones que estamos viendo, la Mesa Nacional de la CTA se va a reunir la primer semana de febrero para poner fecha a un plenario nacional en el que van a participar compañeros y compañeras de la FETIA (Federación de Trabajadores de la Industria y Afines) y distintos gremios del sector público. Ahí vamos a definir algunos criterios y parámetros a tener en cuenta en las próximas discusiones paritarias, tanto del sector público como del sector privado. La idea es reclamar la reunión urgente del Consejo del Salario, para que empiece a funcionar de manera permanente, que no nos volvamos a reunir recién en el mes de junio o agosto y que no sea solamente un episodio para la foto. Yo confío que este contexto complejo nos va a seguir poniendo en la senda de recuperación de salarios. Entiendo que el modelo -y eso el Gobierno lo ha ido resolviendo y llevando adelante- funciona con poder de compra en los sectores populares. La rueda de la economía productiva, basada en la generación de empleo, tiene que tener fuerte poder de consumo en los sectores populares. Es necesario que haya poder adquisitivo entre los que durante muchos años en la Argentina fueron los excluidos sociales. Y en ese sentido entiendo que todas las discusiones salariales en las que vamos a participar, van a tener como norte esta necesidad.
-¿Qué opinión le merecen los dichos de Méndez, acerca de que los aumentos salariales tendrían que estar en el orden del 15%?
Esa perspectiva expresa que los sectores industriales continúan con su cultura depredadora. Si algo hizo que la economía de la Argentina se reactivara y que ellos pudieran obtener altísimos rindes, fue precisamente que los sectores populares recuperaran la posibilidad de consumir, de generar demanda de productos y mover la rueda de la economía de la manera virtuosa, generando empleo, salario, gran mercado de consumo de los sectores populares. Ahora, resulta ser que cuando tienen que discutir salarios, siempre vuelven a la vieja postura de querer discutir por debajo de lo que es el sentido común, porque los precios medidos por cualquier consultora que sea, se movieron en una franja de entre el 22 y el 25%. En esa franja oscilan todas las mediciones. La de las empresas privadas, las de CIFRA, las del instituto de la CGT. Todos están más o menos ahí. O sea, el único que ve el 15% es este personaje que en realidad dice además otra cosa: sería una tragedia que se desmadrara la discusión de salarios y de precios. Y aquí hay que empezar a ponerle a cada uno el sayo que le corresponde: los que genera inflación no son los salarios. Los salarios tienen una bajísima incidencia en el costo final de la producción en la Argentina. De manera tal que está demostrado primero que la productividad que está obteniendo el sector empresario está muy por encima de lo que ha sido el avance de los salarios. Con lo cual, queda demostrado que no se explica desde el aumento salarial, el aumento de la inflación.
- Y, ¿dónde se explica eso?
Eso se explica en la decisión de los grupos empresarios de remarcar. Tienen la potestad de remarcar porque esta es una economía muy concentrada, donde pocas empresas definen el valor de los precios que llegan a la góndola del supermercado, adonde los sectores populares van a consumir. Entonces, la inflación es una herramienta de los empresarios que les sirve para dos cosas: en el plano material, para licuar los avances que logramos los asalariados. Siempre se da el hecho, se repite año tras año que en los tres meses posteriores a la paritaria, es donde se produce con mayor intensidad la remarcación de precios. Es decir que los empresarios recuperan su posición después de discutir en paritarias. Les lleva tres o cuatro meses, pero lo recuperan. Y el otro tema que produce la inflación que ellos generan con la remarcación de precios, es la utilización simbólica de la inflación. En nombre de que hay que contener la inflación, ellos plantean que hay que enfriar la economía. Y enfriar la economía significa achatar los salarios, contener la inversión pública. De manera tal que para estos sectores, debería seguir rigiendo en la Argentina la ley de la selva en la que ellos terminaban siempre poniendo el pie encima de los trabajadores. Creo que hay que avanzar en una discusión paritaria que ponga a estos empresarios en una mesa frente a los trabajadores, sector por sector. Pero también generar un ámbito como el Consejo del Salario, donde podamos discutir estos otros temas: la inflación y el control de precios; la inversión, la repatriación ante la fuga de capitales; la protección de la industria nacional. Son temas que también interesan a la clase trabajadora y que se tienen que discutir en el ámbito tripartito.
Conflicto en Fíat
-Yasky, ¿cómo vio la suspensión de actividades que sostuvo la semana pasada la FIAT en Córdoba?
La suspensión que produjo la empresa, que fue una decisión de su presidente Cristiano Ratazzi, es a todas luces un intento de extorsión al Gobierno, utilizando el padecimiento que significa para miles de trabajadores, la pérdida de dos días de su fuente laboral. Y sobre todo la incertidumbre de la amenaza de cierre de la fábrica y de desocupación que genera sobre las familias, muchas de las cuales vivieron otras etapas de nuestra historia. Creo que Ratazzi se suma a los grupos empresarios que cuestionan la intervención del sector público en el control de las importaciones, es decir, de las mercaderías que ingresan a nuestro país. El sector empresario, como siempre lo ha planteado, sigue comulgando con las viejas ideas de la ortodoxia y sigue postulando que la Argentina, a pesar de que ya tiene su economía extranjerizada en una altísima proporción, debe abrir sus fronteras al ingreso de mercaderías de otros países. Creo que este planteo, evidentemente, nos pone a nosotros frente a una gran contradicción. En primer lugar, porque los países de los que provienen estas empresas, como el caso de la Fiat, Italia, son países que ponen altísimas restricciones al ingreso de mercaderías importadas. En segundo lugar, nosotros necesitamos desarrollar la industria nacional. Hay autos que cuando se terminan de fabricar en el país tienen un 70% de sus componentes que son piezas que ya vienen fabricadas de afuera. Es decir, que cada vez que hacemos un auto, a la vez estamos importando el 70% de los componentes de cada unidad. Con lo cual, evidentemente, el negocio es para las multinacionales, pero no para nosotros, que necesitamos reactivar la pequeña y mediana empresa que podría estar en condiciones de proveerles autopartes. Y eso explica la necesidad de que el sector público, el Gobierno, comience a controlar. Todo esto que se está haciendo ahora, es un paso adelante respecto de la ausencia de políticas de control de las importaciones que tuvimos durante muchos años. De manera que nosotros entendemos que lo que ha hecho Cristiano Ratazzi es incurrir en una conducta profundamente antisocial: utilizar a los trabajadores para tratar de extorsionar o evidenciar el descontento de los grupos empresarios a los que pertenece con la intervención que está intentando llevar a cabo el Gobierno Nacional.
-Aunque también podría tratarse de una consecuencia directa de la crisis en Europa.
Bueno, hay un capítulo que también debemos señalar y es que el hecho que en la crisis económica, los países de Europa sometidos a un brutal ajuste, van a tener un excedente de mercadería que ya no se va a consumir en los países en los que se está haciendo ajuste y recorte de salario. Y es claro que van a querer meterlo por la ventana o como fuere en los países de nuestra región e inundar la periferia con aquella mercadería ociosa que ellos no van a colocar ya en sus países de origen. Por eso que estos controles son doblemente necesarios.
-También está la intención de proteger el empleo nacional
Ese es un tema que no debe quedar al margen de esta discusión: proteger la producción nacional es proteger el empleo y el salario. Pero, por otra parte, es un hecho que estas empresas van a intentar girar sus dividendos hacia los países en los que están ubicadas sus casas matrices. Y ese es otro problema: a la vez que los países del norte nos van a querer inundar con la mercadería que no van a tocar sus mercados, van a querer a la vez aspirar las divisas, los dólares que necesitan para intentar apagar el fuego ese de la crisis financiera que no la pueden parar. Con lo cual, evidentemente, si el Estado Nacional, a través de la Secretaría de Comercio, la AFIP, el Banco Central e incluso de leyes que se puedan dictar, no toma recaudos y no se posiciona frente a esta situación anómala que genera la crisis, evidentemente vamos a estar con los brazos caídos y siendo los que paguemos los platos rotos de la crisis que han generado ellos. En ese sentido, estos temas también se deberían discutir con los trabajadores. Los trabajadores no estamos solamente para discutir salarios. No estamos para ser convocados una vez al año a discutir el aumento salarial. Eso es muy importante, pero hay que discutir las políticas nacionales, de qué manera protegemos la industria nacional, generamos fuentes de trabajo y cómo le ponemos coto al capital financiero. Porque la crisis económica en los países del norte es un hecho que por su profundidad y su dimensión, inevitablemente nos va a golpear a nosotros y nos tenemos que preparar para que en caso de que haya coletazos, sean lo menor posible.