Varios trabajadores de ese hospital sufrieron hoy heridas al ser reprimidos por personal de la Policía Metroplitana. Al menos hay seis detenidos. Una diputada fue golpeada. A la madrugada efectivos de la Metropolitana entraron a las instalaciones del Taller Protegido Nº 19. Los trabajadores resisten la demolición del predio.
“Entraron casi de madrugada, vinieron 150 policías junto, vallaron el perímetro donde está la cancha, la morgue y el taller protegido. Ahí metieron una retroexcavadora, volaron las dos puertas, vaciaron todo y empezaron a demoler”, relató el secretario general de la Junta Interna de Talleres Protegidos del Hospital Borda, Marcelo Frondizi, quien se encuentran en el lugar junto con otros dirigentes de ATE Lista Azul y de la CTA para impedir el avance de la policía.
Los trabajadores sufrieron cortes en distintas partes del cuerpo, en un operativo donde la policía arrojó gas pimienta. “Esto es una violación a los derechos es humanos”, exclamó Frondizi.
“Pedimos que no repriman y que saquen las armas del hospital. Están poniendo en riesgo la salud y la vida de los pacientes”, afirmó el secretario general de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), Eduardo López.
“Fui testigo de cómo, en medio de la represión, los trabajadores de la salud defendían a los pacientes con su propio cuerpo”, contó López.
Otro de los dirigentes sindicales que se acercó a expresar su solidaridad fue el Secretario General del Sindicato del Subte, Roberto Pianelli, quien apuntó: "Acá no solamente está el accionar reaccionario del Jefe de Gobierno sino que aparte está la complicidad de una Jueza que levanta la cautelar y permite esta respuesta. Evidentemente sabían que se iba a levantar la cautelar, por eso actuaron de esta manera, de madrugada y violentamente". Además de López y Pianelli, otros dirigentes que se hicieron presentes para repudiar la represión fueron Pablo Reyner, secretario de Derechos Humanos de la CTA y Carlos Girotti, miembro de la conducción nacional.
¿Y la orden judicial?
Desde hace al menos dos años, el gobierno macrista intenta emplazar un Centro Cívico en el predio que ocupa el neuropsiquiátrico Borda, donde habitualmente se hacen tareas de rehabilitación y se enseña oficios a los pacientes.
Sin embargo, la Justicia les dio la razón a los trabajadores en primera y segunda instancias, impidiendo con amparos y cautelares que se iniciara esta megaobra. A su vez, la jueza Elena Liberatori dispuso la reapertura inmediata del Taller Protegido 19 y que los internos volvieran al tratamiento.
Por lo dicho, está en duda le legalidad de las recientes acciones de la policía dependiente del macrismo. Ni siquiera la vicejefa de gobierno, María Eugenia Vidal, pudo aclarar que existiera una orden judicial para ordenar la represión.